La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó haber invitado o registrado a autoridades municipales de Puerto Vallarta en el encuentro denominado “Diálogo entre Autoridades y Representantes de Asociaciones Religiosas”, realizado el 4 de agosto de 2025 en la Ciudad de México, pese a que el gobierno municipal difundió públicamente que asistió en representación oficial.

De acuerdo con el oficio SEGOB/UGAJ/DGC/CMASC/UT/00218/2025, emitido el 15 de octubre por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación, no existe constancia de participación del Ayuntamiento de Puerto Vallarta ni de servidoras o servidores públicos municipales en ese evento. La dependencia federal precisó que la convocatoria fue dirigida a asociaciones religiosas y autoridades estatales, no a gobiernos municipales.

La respuesta se contrapone al Comunicado 896 del Ayuntamiento, fechado el 11 de agosto, en el que se afirmó que la regidora Marcia Raquel Bañuelos Macías y el titular de la Jefatura de Vinculación con Asociaciones Civiles y Religiosas, Alfonso Sanjuan Mora, acudieron a la Secretaría de Gobernación “en representación de Puerto Vallarta” para promover iniciativas vinculadas a la paz y los valores de la familia.

Documentos internos muestran que la invitación emitida por la Subsecretaría de Construcción de Paz, dirigida a asociaciones religiosas, fue recibida en Puerto Vallarta como tal, y no como convocatoria institucional. El oficio presentado por el jefe de Vinculación ante el gobierno municipal para justificar el viaje fue registrado a título de agrupación religiosa, no como representación del Ayuntamiento.

Semanas antes del evento, autoridades municipales sostuvieron reuniones con asociaciones religiosas y actores privados para impulsar actividades vinculadas al llamado “Mes de la Familia”, en las que participaron las regidoras Marcia Bañuelos, Magda Urbina, Erika García y el regidor Arnulfo Ortega, así como Alfonso Sanjuan Mora. Estas acciones derivaron en quejas ciudadanas por presunta vulneración al principio de laicidad.

El 18 de septiembre, el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento emitió una circular dirigida a todas las dependencias municipales en la que recordó que está prohibido organizar, promover o participar en actos de culto religioso en calidad de funcionarios públicos, así como utilizar recursos, espacios o tiempos institucionales con ese propósito.

A raíz de ese oficio, la regidora Marcia Bañuelos pidió en sesión de Ayuntamiento al alcalde Luis Munguía el que dejara sin efecto el documento al considerar que violentaba los derechos de libertad religiosa de los servidores públicos. El presidente solo contestó que revisaría el tema.

En su respuesta por transparencia, la Secretaría de Gobernación indicó que no se localizaron invitaciones, listas de asistencia, acuerdos, relatorías ni documentos que acrediten presencia institucional del municipio de Puerto Vallarta en el encuentro.

También aclaró que el evento se desarrolló como un espacio de atención a inquietudes de asociaciones religiosas ante instancias federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Federal de Electricidad, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha aclarado por qué difundió la participación como representación oficial cuando la autoridad federal no la reconoce como tal.