Una denuncia anónima ha sido interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco en contra de Melissa «N» regidora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. El documento acusa a la funcionaria de incurrir en delitos como nepotismo y uso ilícito de atribuciones y facultades. Ella negó las acusaciones e indicó que es mentira que sea su cuñado.

De acuerdo con la querella presentada el 24 de abril de 2026, la regidora habría gestionado la contratación de Juan Gabriel «N» dentro de la nómina municipal, asignándolo directamente a su oficina de regiduría.

La denuncia señala que Gabriel fungió como asistente jurídico desde noviembre de 2024 al 31 de diciembre del 2025, con un sueldo quincenal neto de poco más de 10 mil pesos según datos del portal de transparencia que se presentaron cómo pruebas.

El denunciante asegura que Gabriel mantiene una relación sentimental desde hace una década con la hermana de la regidora de nombre Johana, con quien supuestamente tiene una hija.

Para sustentar estas afirmaciones, el denunciante presentó copias de respuestas a solicitudes de información y capturas de pantalla de redes sociales que pretenden demostrar el vínculo afectivo y familiar entre los involucrados.

Al ser consultada sobre estos señalamientos, la regidora Melissa negó rotundamente las acusaciones. La funcionaria explicó que la salida de su ex asistente jurídico no fue por irregularidades, sino consecuencia de una orden de reducir el personal de su oficina, la cual considera una represalia política por su postura crítica dentro del Ayuntamiento.

Asimismo, desmintió cualquier lazo de parentesco con Gabriel y aseguró que el excolaborador no es su cuñado, aclarando que su hermana se encuentra casada desde hace varios años con una persona distinta, invalidando así el argumento central de la denuncia sobre el conflicto de interés.

El escrito solicita a la autoridad estatal iniciar una carpeta de investigación por peculado y uso ilícito de atribuciones. Además, se pide dar vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento para que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa, para que en su momento pudiera determinarse la inhabilitación de la servidora pública y el reintegro de los salarios pagados.

La denuncia concluye exigiendo la protección de la identidad del denunciante conforme a la ley, mientras se realizan las inspecciones ministeriales de los perfiles digitales señalados.