La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la Propuesta de Conciliación 67/2026/III dirigida al presidente municipal Luis Ernesto Munguía González, en la que determina que elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta violaron los derechos humanos de Christopher Duifhuis Rivera y Juan Manuel López López, pareja originaria de San Luis Potosí detenida arbitrariamente la madrugada del 19 de julio de 2024 en la Zona Romántica.

El organismo acreditó que la detención careció de sustento legal: los estudios toxicológicos practicados ese mismo día arrojaron resultados negativos, desvirtuando la acusación de consumo de sustancias en vía pública. Pese a ello, el entonces juez municipal Felipe Abarca Hernández impuso a cada uno una sanción de 36 horas de arresto o multa de $2,071 pesos, y los elementos policiales utilizaron aros aprehensores causando lesiones en ambas muñecas. La pareja pagó un total de $4,142 pesos para recuperar su libertad.

La CEDHJ determinó violaciones a los derechos a la libertad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad personal y a la no discriminación, y formuló cuatro puntos de conciliación:

Primero, que Munguía González instruya al comisario Eduardo Horacio Llanas Cuevas, titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que concluya los procedimientos administrativos de responsabilidad contra los elementos Roberto Cervantes Navarro, Ismael Mateos Manzanares, América Lizeht Camba Pérez y Luis Antonio García Contreras; y que, de acreditarse responsabilidad del exjuez Felipe Abarca Hernández, se agregue nota a su expediente laboral.

Segundo, que el Ayuntamiento devuelva íntegramente los $4,142 pesos pagados por concepto de multa administrativa, al haberse acreditado que la sanción careció de sustento suficiente.

Tercero, que el Órgano Interno de Control garantice que el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 38/2024 concluya con determinaciones fundadas, motivadas y con pleno respeto a las garantías de audiencia y defensa de los servidores públicos involucrados.

Cuarto, que la Comisión Edilicia de Justicia y Estado de Derecho tome conocimiento formal de la resolución del citado procedimiento administrativo.

El caso, documentado públicamente desde julio de 2024 con el respaldo del Centro Comunitario Gay+ de Vallarta y del Movimiento por la Igualdad en México (MOVii), representa un precedente en materia de rendición de cuentas policial en el municipio.