El fuerte oleaje generado por el huracán Rachel dejó al descubierto parte de los cimientos de Punta Paraíso, el polémico desarrollo inmobiliario construido frente al mar en San Pancho, municipio de Bahía de Banderas, en medio de un litigio que desde hace años enfrenta a los desarrolladores con ambientalistas y habitantes de la comunidad.
Las condiciones marítimas provocadas por Rachel, que durante los últimos días generó oleaje elevado en la costa de Bahía de Banderas, volvieron a poner a la vista una de las principales controversias alrededor del proyecto: su ubicación sobre terrenos ganados al mar y la afectación de la duna costera. Protección Civil mantuvo cerradas las playas del municipio debido al oleaje y las corrientes generadas por el fenómeno.
El caso de Punta Paraíso no es nuevo. Desde 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) documentó irregularidades en el desarrollo, entre ellas la colocación de una malla ciclónica fuera del polígono autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), invadiendo parcialmente la Zona Federal Marítimo Terrestre. La dependencia ordenó entonces retirar la estructura y, posteriormente, constató la recuperación de aproximadamente 210 metros cuadrados de duna costera.
La controversia escaló años después. En 2022, la PROFEPA determinó que la empresa Pacific Lifestyle Properties S.A. de C.V. había construido sobre terrenos ganados al mar sin contar con los títulos de concesión correspondientes y ordenó la restitución de alrededor de 1,466 metros cuadrados. Posteriormente, la autoridad ambiental ordenó la restauración del área y la demolición de la parte del desarrollo involucrada.
La propia SEMARNAT ha sido parte central de la disputa. El expediente que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación contiene los argumentos de los promoventes, quienes cuestionaron la evaluación ambiental realizada para autorizar Punta Paraíso y señalaron que la Manifestación de Impacto Ambiental habría utilizado un escenario ambiental distinto al existente en la zona. También cuestionaron que no se hubiera realizado un monitoreo o censo que permitiera establecer una línea base sobre la población de tortugas marinas antes de autorizar el proyecto.
El conflicto incluso llegó al Senado de la República, donde se presentó un punto de acuerdo para pedir a SEMARNAT información sobre los permisos otorgados al proyecto y solicitar a PROFEPA revisar la actuación de sus autoridades en Nayarit.
Actualmente, la disputa jurídica continúa. De acuerdo con información publicada en marzo de 2026, existen dos procesos legales relacionados con Punta Paraíso: uno vinculado con la legalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental, que se encuentra en la ruta de revisión de la Suprema Corte, y otro relacionado con la resolución de PROFEPA que ordenó la restitución de los terrenos y la demolición de aproximadamente 1,500 metros cuadrados del desarrollo.
A ello se suma una demanda promovida por el desarrollador, Carlos Lemus, contra activistas que durante años han denunciado las presuntas irregularidades del proyecto. El propio empresario ha sostenido públicamente que Punta Paraíso es legal y que las resoluciones judiciales le han sido favorables, por lo que rechaza los señalamientos de ilegalidad.
Así, mientras los tribunales mantienen abierta la disputa sobre la legalidad del desarrollo y las resoluciones ambientales, Rachel volvió a colocar físicamente el conflicto a la vista de todos: el mar retiró arena y dejó expuesta parte de la estructura de Punta Paraíso, en una zona cuya transformación ha sido cuestionada durante casi una década por habitantes y defensores del territorio.







