Integrantes de la familia Guzmán, residentes de la localidad de Rincón de Guayabitos, denunciaron públicamente haber sido víctimas de un operativo arbitrario y violento por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, con el resultado de miembros de la familia detenidos por un predio que la autoridad señala es propiedad del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA).

Según el testimonio de los afectados y sus representantes, la irrupción en su propiedad se realizó el pasado 17 de abril sin la presentación de órdenes de aprehensión o de cateo, señalando además el uso excesivo de la fuerza durante la detención de cuatro de sus miembros.

La familia sostiene que estas acciones representan un intento de despojo disfrazado de legalidad, motivado exclusivamente por el alto valor comercial del predio de 10 hectáreas que han ocupado por años en el municipio de Compostela

Ante lo que consideran un atropello a sus derechos fundamentales, la familia Guzmán manifestó que se están fabricando delitos para favorecer intereses inmobiliarios en la zona turística, desplazando a poseedores legítimos y comerciantes conocidos de la comunidad. En su demanda de justicia, hicieron un llamado urgente a las autoridades federales y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervengan en el caso, argumentando que no existe certeza jurídica para los ciudadanos locales frente a los proyectos de desarrollo que buscan apoderarse de la franja costera mediante el uso de las instituciones de procuración de justicia.

Por su parte, la postura oficial de la Fiscalía General de Nayarit, emitida por la titular Ludmila Heredia Verdugo, defiende la legitimidad de las actuaciones ministeriales realizadas en el inmueble, como parte del denominado “Megaoperativo Nuevo Nayarit”.

La fiscal aseguró que las detenciones no fueron actos aislados ni abusivos, sino que responden a mandatos judiciales debidamente fundamentados dentro de carpetas de investigación por el delito de despojo.

Heredia Verdugo enfatizó que la institución tiene la responsabilidad de combatir las irregularidades en la tenencia de la tierra que persisten en la entidad, reiterando que el operativo se ajustó al debido proceso y que los detenidos han sido puestos a disposición de un juez para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.