La diputada local Yussara Canales presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa de ley que obligaría a todos los servidores públicos de elección popular —gobernador, diputadas y diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores— a someterse a exámenes toxicológicos de manera periódica.

La propuesta busca que los funcionarios se realicen pruebas semestrales y aleatorias de detección de drogas de abuso, mismas que serían costeadas con recursos propios de cada servidor público, sin representar gasto alguno para el erario.

La diputada señaló que si policías, militares y funcionarios de seguridad deben aprobar evaluaciones de confianza, “no hay razón para que los políticos gocen de un privilegio distinto”.

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, para establecer que negarse a realizar la prueba o dar positivo al consumo de drogas será considerado una falta administrativa.

El planteamiento se sustenta en estudios recientes sobre la desconfianza ciudadana. De acuerdo con el Latinobarómetro 2023, solo el 48% de los encuestados en México expresó satisfacción con la democracia, mientras que observatorios locales como Jalisco Cómo Vamos han documentado altos niveles de inconformidad con el desempeño de los gobiernos municipales.

Canales recordó que esta obligación ya existe en entidades como Baja California, donde los servidores públicos de primer nivel deben realizarse pruebas antidoping anualmente, y citó ejemplos recientes en Coahuila, donde alcaldes y sus gabinetes se sometieron públicamente a estas evaluaciones.

La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y de aprobarse, Jalisco se convertiría en uno de los primeros estados en México en exigir controles toxicológicos obligatorios y periódicos a todos los funcionarios electos por voto popular.