Tras la polémica por el nombramiento del hijo del alcalde de Zapopan como Procurador Ambiental de Jalisco (Proepa), la diputada local Yussara Canales González, propuso reformar el artículo 116 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico para el nombramiento del titular de dicha dependencia.

En dicho artículo se establecería que el Procurador Ambiental de Jalisco deberá acreditar conocimientos específicos y al menos cinco años de experiencia en temas relacionados con el medio ambiente, requisitos que actualmente no se exigen para ocupar el cargo.

De aprobarse, se garantizaría que el puesto sea ocupado por perfiles con la capacidad técnica para implementar políticas públicas efectivas.

Actualmente, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente es designado por el Gobernador a propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, sin requerimientos mínimos de experiencia o conocimientos en el área. Esto, según Canales González, abre la puerta al nepotismo y la corrupción.

En Jalisco, uno de los estados con mayores violaciones a los derechos humanos en materia ambiental. Entre 2016 y 2019, Jalisco concentró el 70% de las violaciones a derechos humanos relacionadas con el medio ambiente, según un estudio del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

Las principales problemáticas identificadas incluyen la contaminación del agua, manejo inadecuado de residuos, pérdida de biodiversidad y daños a los suelos ocasionados por pesticidas.

En 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió 9,627 quejas, de las cuales 4,355 (45.2%) estaban relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano. Estas quejas derivaron en 35 recomendaciones. Además, el Índice Global de Impunidad Ambiental México 2020 colocó a Jalisco como el segundo estado con mayor número de delitos y violaciones ambientales, con 6,785 casos registrados entre 2016 y 2019.

El Congreso de Jalisco discutirá en los próximos días esta propuesta, que podría marcar un cambio significativo en la política ambiental del estado.