Hoy martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la producción, distribución, venta, importación y exportación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos.

La medida fue respaldada con 324 votos a favor y 129 en contra. Las sanciones para quienes comercialicen estos productos van de uno a ocho años de prisión, además de multas de hasta 225 mil pesos.

El objetivo declarado de la reforma es proteger la salud pública, especialmente la de niñas, niños y adolescentes, ante los riesgos que representan estos dispositivos.

No obstante, la aprobación ha generado críticas: integrantes de la oposición advierten que la medida podría criminalizar a vendedores —y posiblemente fomentar un mercado negro—, sin atender factores como la regulación, el control sanitario o la prevención educativa.

La reforma, impulsada por el gobierno federal, ahora será enviada al Senado para su análisis y eventual ratificación.

Qué implica este cambio

La venta y comercialización de todo tipo de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares quedará prohibida en el país.

Las sanciones para infractores incluyen penas de prisión y multas económicas.

La medida —según sus promotores— busca prevenir adicciones y proteger la salud de menores.

Pero también desata preocupación sobre el surgimiento de un mercado negro y la falta de regulaciones intermedias (etiquetado, control sanitario, campañas de prevención).