El Gobierno de México presentó este miércoles una propuesta para sustituir y actualizar la principal legislación ambiental del país, vigente desde 1988, con el objetivo de enfrentar problemas que se han agravado durante las últimas décadas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el deterioro de los ecosistemas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que la iniciativa plantea una nueva relación entre desarrollo económico, bienestar y naturaleza, colocando la justicia ambiental como uno de sus principales ejes.

La propuesta, denominada Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, busca que la política ambiental deje de concentrarse únicamente en sancionar los daños una vez ocurridos y avance hacia un modelo que privilegie la prevención, conservación, restauración y reparación de los ecosistemas.

Grandes proyectos tendrán que ser evaluados antes

Uno de los cambios más relevantes consiste en establecer una evaluación estratégica ambiental previa para grandes proyectos, con el propósito de conocer sus efectos acumulativos sobre una región antes de que comiencen las obras.

Además, se pretende impedir que un proyecto sea dividido artificialmente en varias partes para evitar una evaluación integral de sus impactos ambientales.

Este punto podría modificar de manera importante la forma en que se autorizan megaproyectos, particularmente aquellos que implican transformaciones territoriales, urbanas, turísticas o de infraestructura.

Comunidades tendrán mayor participación

Bárcena destacó que la iniciativa coloca en el centro a las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, incorporando tanto el conocimiento científico como los saberes ancestrales.

También contempla fortalecer el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental, en línea con los principios del Acuerdo de Escazú.

La propuesta incluye además mecanismos para proteger a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos, así como disposiciones relacionadas con el patrimonio biocultural.

Restauración, cambio climático y economía circular

Entre las nuevas herramientas planteadas se encuentran un programa de restauración ecológica, disposiciones específicas para enfrentar el cambio climático y mecanismos de prevención, reparación y remediación de daños ambientales.

La iniciativa también busca impulsar una transición hacia una economía circular, reduciendo el modelo de usar y desechar recursos. Bárcena señaló que el Gobierno federal analiza medidas para limitar especialmente los plásticos de un solo uso y fortalecer el reciclaje.

Diez principios para una nueva política ambiental

La propuesta se sustenta en diez principios, entre ellos reconocer al patrimonio natural como fundamento de la vida y el bienestar; establecer que no puede existir justicia social sin justicia ambiental; priorizar la prevención; conservar y restaurar los ecosistemas; utilizar conocimiento científico; ordenar el territorio; fomentar una cultura ambiental; avanzar hacia la economía circular; proteger a los defensores de la naturaleza y preservar el patrimonio biocultural.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión, donde deberá ser discutida y, en su caso, aprobada.

Después de casi cuatro décadas, el Gobierno federal busca con esta reforma modificar de fondo el marco jurídico ambiental mexicano y dotar al Estado de mayores herramientas para prevenir daños, proteger los recursos naturales y garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano.