La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la nueva Ley General de Aguas y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales vigente. No obstante, agricultores y productores mantienen protestas a lo largo del país.

La iniciativa, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, plantea reconocer al agua como un derecho humano, así como bien público estratégico, y no como una mercancía. Entre los cambios más significativos se encuentran:

1) Priorizar el uso doméstico/humano del agua frente a otros usos en contextos de escasez.

2) Poner al Estado —mediante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)— como rector del agua nacional y regular más estrictamente la concesión del recurso.

3) Prohibir o restringir la libre transmisión, venta o herencia de concesiones entre particulares, en los términos que hasta ahora se había permitido.

4) Crear registro y mecanismos de control —como el Registro Público Nacional del Agua— para transparentar concesiones y frenar el acaparamiento.

La votación en lo general arrojó los siguientes resultados: 328 votos a favor, 131 votos en contra y 5 abstenciones.

El dictamen había sido aprobado previamente en comisión con una votación de 28 a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.

La aprobación ocurre mientras productores agrícolas y organizaciones del campo mantienen protestas en diversas regiones. Los manifestantes denuncian que la reforma deteriorará sus derechos al agua, afectará la herencia o trasmisión de concesiones agrícolas y centralizará el control en el federal.

En contraste, el bloque oficialista señala que la ley corrige desequilibrios de décadas, combate el mercado negro del agua y garantiza que el recurso llegue a quienes lo necesitan para consumo humano.

La aprobación en lo general significa que ahora el dictamen pasará a discusión en lo particular —artículo por artículo—, donde se prevé una avalancha de reservas (cambios propuestos) y posibles ajustes al texto. Luego, será turnado al Senado de la República para su aprobación final.

Contexto

La reforma busca remplazar un marco legal que data de 1992 (la Ley de Aguas Nacionales) y que desde entonces ha sido objeto de críticas por permitir que el agua se trate como mercancía, por la falta de transparencia en concesiones y por desigualdades en el acceso. La nueva ley pretende alinearse con el artículo 4° constitucional, que reconoce el derecho al agua.

Sin embargo, la tensión está latente: el sector agropecuario consume la mayor parte del agua disponible, y los productores temen que los nuevos controles limiten su capacidad de operar, heredar o vender tierras con derechos de agua, lo que podría impactar la producción agrícola.