La Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Puerto Vallarta informó que en los últimos 10 años ha realizado 999 clausuras por falta de licencia municipal: en 2016 fueron 178, en 2017 96, en 2018 80, en 2019 127, en 2020 77, en 2021 37, en 2022 69, en 2023 140, en 2024, 50, en 2026 11 y en lo que va del 2026 han sido 28.

Las cifras fueron otorgadas por la dependencia municipal a través de una solitud de información en la que también se pidió información sobre si el restaurante Basilio había sido clausurado durante los años que tiene funcionado. La respuesta fue negativa.

“En atención a lo solicitado, se informa que esta dependencia llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en los sistemas de información y en el archivo físico bajo su resguardo, correspondiente al periodo comprendido de 2016 a la fecha (2026), con el objeto de localizar registros relacionados con clausuras derivadas de la falta de licencia y/o permiso de funcionamiento. Como resultado de dicha búsqueda, se corroboró que el restaurante denominado “Basilio” no cuenta con registro alguno de clausuras por los motivos antes señalados durante el periodo referido”, apunta el documento.

Es decir, que el ex dirigente de Coparmex Puerto Vallarta en 2023, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en 2024, gerente del centro histórico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta desde 2025 y gerente de Prosperidad y Desarrollo Económico desde 2026, Juan Pablo Martínez Torres, hizo uso de su cercanía con la administración pública y desde 2025 de su cargo público para evitar que su restaurante de nombre Basilio fuera clausurado, mientras que los otros 335 negocios no corrieron la misma suerte.

Fue el 02 de junio cuando la mamá del gerente municipal firmó el convenio 121/2026 entre la Tesorería Municipal y la empresa Basilio Cuatro Torres S. de R.L. de C.V., responsable del establecimiento ubicado en la colonia Fluvial Vallarta.

Según los documentos oficiales, el adeudo corresponde a los ejercicios fiscales de 2023 a 2026 e incluye conceptos como licencia municipal, recargos y multas derivadas del incumplimiento en el pago del permiso de giro restringido, requerido para la venta de bebidas alcohólicas.

El convenio establece un pago inicial de 28 mil 300 pesos, mientras que el saldo restante, equivalente a 126 mil 797 pesos, será cubierto en seis mensualidades, además de los intereses generados por el financiamiento autorizado.

El caso tomó relevancia pública después de que, en sesión de Ayuntamiento, una regidora denunciara que el establecimiento operaba sin tener al corriente el pago de su licencia, pese a tratarse de un requisito indispensable.

A pesar de la situación, el presidente municipal, Luis Munguía González, decidió mantener en el cargo a Martínez Torres, quien tampoco presentó su renuncia.