El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, confirmó que ya suman cuatro las empresas que operan de manera completamente legal y registrada ante el Estado. El año pasado únicamente había dos empresas autorizadas.

Las empresas que han cumplido con todos los requisitos estatales son Grúas Ayón, Fasmex, Aries y Saga. Sobre esta última, Monraz detalló que sus autorizaciones formales serán entregadas la próxima semana. En total, estas cuatro compañías suman alrededor de 30 unidades autorizadas para prestar el servicio urbano en vías municipales y estatales.

El secretario lanzó una advertencia a los agentes de tránsito, tanto municipales como estatales. Tras las reformas a la Ley de Movilidad y al Código Penal del estado, se tipificó como delito de abuso de autoridad el hecho de que cualquier policía municipal, estatal, preventiva o judicial solicite el servicio de una grúa que no esté debidamente registrada en el padrón oficial.

«Es un delito… cuando modificamos la ley de movilidad se modificó también el Código Penal y se inscribió como un abuso de autoridad», enfatizó Monraz, señalando que esta medida busca erradicar los abusos y garantizar el orden.

Para asegurar el cumplimiento de esta norma, el secretario anunció que este lunes enviará un oficio formal al presidente municipal de Puerto Vallarta. El objetivo es que tanto el equipo de tránsito municipal como la policía vial del Estado tengan total claridad sobre cuáles grúas cuentan con el permiso local y cuáles tienen únicamente competencia federal.

Monraz aclaró la situación de las grúas con placas federales. Si bien estas unidades pueden cruzar por Puerto Vallarta o realizar servicios en autopistas y carreteras federales (como la Carretera 200), tienen estrictamente prohibido realizar servicios urbanos dentro de la ciudad si no cuentan con el registro estatal.

El funcionario recordó que el registro en Jalisco no tiene ningún costo: «No tiene costo registrarse. Es nomás un tema de orden y de saber quiénes son para que si un día recibimos una queja de algún posible abuso, sepamos a quién ir a sancionar».

Respecto a los cobros excesivos reportados por la ciudadanía —con quejas de cobros que oscilan entre los 3,600 y 4,500 pesos—, el secretario fue tajante al calificarlos como un abuso. Explicó que existe un tabulador oficial homologado con el tabulador federal de la SICT, el cual está disponible públicamente en la página de transparencia de la Secretaría de Transporte.

Las tarifas autorizadas varían según diversos factores:

-El kilometraje de arrastre.

-Si se trata de una maniobra sencilla de arrastre o una maniobra de rescate/salvamento (las cuales tienen costos adicionales y cuadros de costos extra).

-El tonelaje del vehículo, aplicando costos más altos para el transporte de carga.

Monraz instó a los ciudadanos que sean víctimas de cobros excesivos o de colusión entre autoridades y grúas piratas a presentar su denuncia penal directamente ante la Fiscalía del Estado, al tratarse de un delito.

Al ser cuestionado sobre los operativos y retenes de motocicletas en el municipio, el secretario aclaró una duda recurrente de los usuarios: una sola grúa sí puede trasladar varias motocicletas a la vez, siempre y cuando quepan de manera segura. Sin embargo, precisó que el cobro de la maniobra se realiza de manera individual a cada infractor, argumentando que «es castigo, no es premio» para quienes circulan sin placas, sin licencia, sin casco o invadiendo banquetas.