A pesar de los diferentes programas que ha implementado el Gobierno de Jalisco para que la gente acuda a verificar su vehículo, los automovilistas se han negado a hacerlo en Puerto Vallarta. En 2025 apenas se verificó el 19.74% y hasta junio del 2026 acumula un porcentaje del 8.56%.

Fue en marzo del 2022 cuando en el gobierno estatal de Enrique Alfaro Ramírez inició el programa y se inauguró el centro de verificación vehicular en Puerto Vallarta. Ese año sólo 1,548 unidades se presentaron, es decir, sólo el 1.33% de un total de 116,390 automóviles en el padrón vehicular.

El año 2023 fue el de las manifestaciones contra centro de verificación ubicado sobre la carretera federal 200, esquina con avenida Las Palmas. Las protestas lograron hacer eco en la ciudadanía, por lo que solo acudieron 9,172 autos, los cuales representaron apenas el 7.88% del padrón vehicular.

2024 fue un año electoral en el que el entonces candidato a la gubernatura Pablo Lemus, prometió que la verificación la pagaría el gobierno. Ese año todavía bajo más el número de personas que llevaron sus unidades: 2,881, que corresponde al 2.48% del padrón.

El año pasado, 2025, ya con Lemus despachando en Casa Jalisco, el programa logró registrar un 19.74% de un padrón vehicular de 135,455 automóviles en Puerto Vallarta, es decir, 26,729 en total. El gancho fue el programa 3×1 con el cual se pagaba el refrendo por 767 pesos, pero se incluía la verificación y el canje de placas. Algunos ciudadanos señalaron haber acudido a verificar su auto debido a que era un requisito para obtener las placas nuevas sin costo adicional.

En este 2026, el pago del refrendo por mil pesos también incluye la verificación vehicular. Hasta la fecha va una cifra acumulada de 11,593 automóviles que se sometieron a la verificación, es decir, el 8.56% del padrón vehicular que este año es de 135,432 unidades registradas en esta ciudad.

Cabe destacar que el Presupuesto de Jalisco para este 2026 se etiquetaron 902 millones de pesos para el modelo de verificación vehicular, por lo que aunque los ciudadanos no paguen los 500 pesos que vale, el gobierno estatal lo hace directamente con la empresa que opera el programa.