A casi dos años del trágico accidente que cobró la vida del joven oficial de Tránsito Municipal, Jonathan Rubén Díaz Rodríguez, la aseguradora GNP se niega sistemáticamente a hacer válida la cobertura de Responsabilidad Civil por el fallecimiento del elemento, escudándose en tecnicismos y presunciones unilaterales para evadir un pago de la responsabilidad civil por la muerte de Jonathan, quien apenas tenía dos años como agente vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre de 2024. El oficial Jonathan Rubén Díaz Rodríguez, quien apenas contaba con 26 años de edad, fue atropellado por un vehículo Mazda 3, modelo 2008, propiedad de Erik Mike Arellano Haro, el cual era conducido bajo su consentimiento por su amigo Néstor Vicente «N».

Jonathan, quien había servido previamente en la Guardia Nacional y decidió ingresar a la Academia de Policía y Tránsito de Puerto Vallarta para no viajar tanto y estar cerca de su familia, tenía dos años de haber egresado de su formación de seis meses. Esa madrugada, tras brindar apoyo en un reporte de balacera en la colonia Guadalupe Victoria, el oficial fue embestido por el automóvil que circulaba a exceso de velocidad y que era perseguido por otros elementos de tránsito, quienes fueron testigos del impacto. Jonathan ingresó gravemente herido al hospital, donde fue declarado muerto pocas horas después. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta le rindió una despedida con honores.

A pesar de que Erik Mike Arellano Haro contrató una póliza de Cobertura Amplia (No. 598120004) con un límite de Responsabilidad Civil de hasta 3 millones de pesos, GNP Seguros emitió un rechazo inicial el 6 de noviembre de 2024, argumentando de manera unilateral que el siniestro fue producto del delito de «abuso de confianza». Esto debido a que, en la declaración inicial, se mencionó que el auto le fue entregado a Néstor Vicente (quien es mecánico de oficio) para arreglar unos detalles mientras el propietario realizaba un viaje a Cancún.

Sin embargo, el afectado ha demostrado que existía una relación de amistad de tres años y que el vehículo fue entregado con total consentimiento (las llaves fueron entregadas por la madre de Erik Mike en su propio domicilio), por lo que no existió tal delito.

Tras una queja interpuesta por el asegurado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) bajo el expediente 2025/150/10504, la aseguradora modificó su postura. El 2 de septiembre de 2025, casi un año después del accidente, GNP notificó que consideraba procedente la cobertura de Daño Material para reparar el vehículo del asegurado. No obstante, ratificó la improcedencia de la Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y Fallecimiento, argumentando ahora que el auto fue entregado para un servicio de reparación y «no para su uso personal», pretendiendo excluir la cobertura basándose de forma discriminatoria en el oficio de mecánico del conductor, a pesar de que este contaba con el consentimiento del dueño y con una licencia de conducir vigente tipo chofer.

Ante el desamparo legal y las irregularidades en el proceso, Erik Mike Arellano Haro presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado de Jalisco (carpeta de investigación C.I. 4114/2025) en contra del ajustador de GNP, Francisco Javier “N”.

La denuncia señala al ajustador por su presunta responsabilidad profesional y técnica, acusándolo de actuar con negligencia, presionar al asegurado para redactar una declaración apresurada en su celular bajo el argumento de que «tenía prisa» y carecer de la capacitación necesaria para brindar asesoría legal, lo que dejó al cliente en un completo estado de indefensión. Cabe destacar que Francisco Javier “N” opera como el único ajustador de la compañía en Puerto Vallarta, una ciudad donde GNP Seguros no cuenta con oficinas físicas de atención.

Por otra parte, el actuar de las autoridades municipales ha dejado mucho que desear para los involucrados. Aunque el Ayuntamiento de Puerto Vallarta entregó un apoyo de 300 mil pesos a los padres del oficial fallecido, su intervención posterior se limitó a trámites burocráticos. Juan Ramón Castillo Núñez, funcionario adscrito a la Sindicatura del Ayuntamiento, centró sus esfuerzos únicamente en gestionar la liberación de la motocicleta oficial en la que viajaba Jonathan al momento de morir, dejando de lado el acompañamiento a la familia en el proceso penal, el cual continúa bajo la carátula de homicidio de culpa grave.

Actualmente, el vehículo Mazda 3 de Erik Mike continúa retenido en el corralón de grúas en Boca de Tomates. El propietario declaró que la unidad no ha podido ser liberada debido a que no se ha realizado la reparación del daño a las víctimas, un pago que legalmente le corresponde cubrir a Néstor Vicente, pero que contractualmente tendría que ser solventado por la póliza de Responsabilidad Civil de GNP Seguros.

Mientras la aseguradora continúa utilizando estrategias legales para evitar el pago de la indemnización por la muerte del joven tránsito, el asegurado y la familia de la víctima siguen exigiendo justicia y el cumplimiento de un contrato por el cual se pagó en tiempo y forma.