La denuncia fue presentada el mes pasado por Héctor Prados y Aranzazu Asencio, padres del menor, quienes buscan que se investigue la actuación de ambos funcionarios al considerar que se otorgaron permisos sobre un predio que forma parte de la zona federal del río Cuale.

«Nosotros tenemos dos preocupaciones. La primera es que no queremos que se consolide el área como un área privada, porque es una zona federal donde además ha muerto un niño. Creemos que debe existir respeto a su memoria y entendemos que es un espacio que debería permanecer para uso público», expresó Aranzazu Asencio.

De acuerdo con la documentación presentada, la licencia de construcción número 3855/22 fue expedida el 1 de agosto de 2022 por la entonces directora de Desarrollo Urbano, Adriana «N», para la construcción de un bardeo perimetral de 79 metros cuadrados. El permiso tenía vigencia hasta el 9 de marzo de 2023; sin embargo, la obra nunca fue ejecutada.

Tres años después, el 29 de abril de 2026, el actual director de Desarrollo Urbano, Edén «N», autorizó una prórroga de esa misma licencia, ampliando su vigencia del 9 de marzo de 2023 al 9 de septiembre de 2026.

Además de la actuación de los funcionarios municipales, la denuncia solicita investigar la escritura pública número 48,566, fechada el 27 de octubre de 2020, mediante la cual el Fideicomiso Puerto Vallarta vendió a Miguel Meza Díaz y Clotilde Munguía Fregoso un predio de 649 metros cuadrados, cuya ubicación también es objeto de controversia por encontrarse presuntamente dentro de la zona federal.

«Queremos que investiguen la escritura y las licencias, que se recupere el área para el río y para el uso público. También queremos que se adopten medidas reales de seguridad, porque conocemos muy bien las condiciones en las que quedó el edificio que permanece en pie y presenta muchas deficiencias. Lo que se está haciendo parece más una forma de delimitar un espacio que debería ser público para convertirlo en privado, que un verdadero proyecto de protección», agregó Asencio.

Paralelamente, la familia interpuso denuncias formales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que se realizan obras sin los permisos correspondientes y con invasión de la zona federal. Hasta el momento, continúa pendiente la inspección que Profepa deberá realizar derivada de esa denuncia.

Las acusaciones están respaldadas por diversos dictámenes periciales elaborados durante las investigaciones de los últimos años. Un perito oficial de la Fiscalía General de la República concluyó en 2022 que el inmueble fue construido dentro de la zona federal del río Cuale.

Posteriormente, un dictamen de causalidad de daños emitido en 2023 por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinó que las modificaciones estructurales realizadas antes del impacto del huracán Nora debilitaron los cimientos del edificio y fueron la causa directa de su desplome.

El peritaje forense vigente advierte además que los restos de la estructura, distribuidos en cuatro lotes, representan un riesgo de colapso si se presentan avenidas extraordinarias del río, por lo que reitera que nunca debieron otorgarse licencias de construcción en esa zona y que la legislación prohíbe edificar dentro de la zona federal.

Como parte de la investigación federal, la Fiscalía General de la República también solicitó una inspección de Protección Civil en el sitio, además de requerir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que emitan un pronunciamiento técnico sobre la situación del predio y las obras que actualmente se desarrollan en el lugar.