A casi cinco años de la tragedia provocada por el huracán Nora, la zona del desastre vuelve a encender las alarmas. Padres de Curro, el adolescente de 13 años que perdió la vida tras el colapso de un edificio junto al puente del Cuale en 2021, interpusieron denuncias formales ante la Profepa y la CNDH tras detectar la ejecución de obras de construcción que carecen de permisos municipales y que invaden la zona federal.

Vecinos del lugar alertaron sobre el movimiento de tierras desde hace dos semanas en el predio ubicado en la calle 5 de Febrero número 541, también identificado como Insurgentes 108, en la colonia Emiliano Zapata.

«Nos avisaron los vecinos… parece que están poniendo cimientos de grandes dimensiones. No vemos licencia exhibida por ningún lado. Estamos preocupados porque se pueden volver a reproducir los errores que hicieron que nuestro hijo muriera», expresó Aránzazu Asencio Avellanas, madre de Curro.

Ante el riesgo inminente y la falta de supervisión aparente, la familia Prados Asencio activó tres frentes jurídicos.

En primer lugar, la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, presentada el 29 de mayo, señala directamente a los propietarios del predio por trabajos de excavación y cimentación en un área colindante al río Cuale. El documento advierte de forma explícita sobre afectaciones directas al cauce, reducción del espacio hidráulico natural, intervenciones indebidas, rellenos en la zona previamente colapsada y un riesgo grave a bienes nacionales bajo protección federal.

Por otra parte, la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpuesta el 27 de mayo, exige la intervención urgente del organismo mediante medidas cautelares ante la falta de garantías de no repetición. Los padres estipulan la violación continuada del derecho a la vida y a la integridad personal debido al trauma familiar, el interés superior del menor al tratarse de un riesgo evitable, y los derechos a la verdad y a la justicia, dado que el caso sigue impune a pesar de contar con tres carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía de Jalisco, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República.

Finalmente, a nivel local, el caso fue reportado a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal. El titular de la dependencia, Edén Castillón, confirmó que no existe registro de permisos para dicha obra, por lo que se comprometió a enviar inspectores de manera inmediata para verificar la situación legal de los trabajos.

La preocupación de la familia está respaldada por dictámenes técnicos contundentes emitidos durante las investigaciones de los años anteriores.

Un perito oficial de la Fiscalía General de la República concluyó en 2022 que el inmueble se encuentra edificado dentro de la zona federal del río Cuale. Asimismo, un dictamen de causalidad de daños emitido en 2023 por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinó que las modificaciones estructurales realizadas antes del impacto del huracán debilitaron los cimientos, lo que provocó directamente el desplome del edificio.

El peritaje forense vigente advierte además que los restos actuales de la estructura, que abarca cuatro lotes, representan un riesgo de daño y probable colapso en caso de que se presenten aguas extraordinarias en el futuro, reiterando de manera tajante que nunca se debieron otorgar licencias de construcción en el área y que está prohibido edificar en zona federal.

Por ello, se exige la clausura inmediata de los trabajos.