El arquitecto Óscar Morán Guillén, miembro del Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta, ha manifestado la urgente necesidad de que la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco actualice el inventario de fincas protegidas en el municipio. Esta exigencia surge tras la reciente demolición de una finca dentro del polígono protegido la semana pasada, sumándose a la pérdida de la Casa Ipanema ocurrida meses atrás.

Morán Guillén explicó que el centro histórico de Puerto Vallarta está declarado en un sentido legal y cobijado por la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. Este polígono conocido como “fundo legal”, que abarca desde el Parque Hidalgo y el Río Cuale, y desde el Malecón hasta las calles Matamoros y Emilio Carranza, cuenta con reglas claras donde cualquier intervención —sea demolición, remodelación o construcción nueva— requiere por ley una valoración y dictamen de la Secretaría de Cultura.

Respecto a la finca demolida la semana pasada, el arquitecto señaló que, según la información proporcionada, la Secretaría de Cultura dio el visto bueno para su demolición bajo la premisa de que presentaba fallas estructurales. Sin embargo, el Observatorio sospecha que la dependencia estatal no envió a personal de campo a valorar físicamente el estado del inmueble. «No toda falla estructural amerita demolición», afirmó Morán, asegurando que como arquitecto con experiencia en fincas históricas, estas se pueden rescatar si existe la voluntad, permitiendo conservar vestigios o muros testigo del tejido histórico.

Esta situación no es nueva. Semanas atrás, la organización civil levantó la voz por la demolición de la Casa Ipanema. Tras enviar una carta de extrañamiento a la Secretaría de Cultura, la dependencia estatal respondió que no tenía conocimiento de que dicha propiedad fuera obra de un autor relevante de Puerto Vallarta, el arquitecto Luis Favela.

Para el Observatorio Ciudadano, esta respuesta es alarmante y revela que el inventario oficial no está actualizado y presenta graves faltantes informativos, lo que impide realizar valoraciones profundas para retener los elementos más relevantes de las fincas.

El arquitecto enfatizó que la preservación del centro histórico no es un asunto de mero romanticismo, sino que responde a un mandato constitucional sobre el derecho al patrimonio cultural. Asimismo, destacó el valor económico y turístico que representa para Puerto Vallarta:

«El distintivo que tuvo Puerto Vallarta que lo colocó en el imaginario internacional fue su pueblo típico. Eso es lo que nos ha dado de comer a la industria turística, que conforma más del 95% de la actividad económica del municipio por más de 50 años. Si nosotros perdemos eso, estamos perdiendo uno de los principales atractivos que nos diferencian de otros destinos turísticos», advirtió, comparando la relevancia de conservar la arquitectura original con destinos como San Miguel de Allende, Guanajuato o los pueblos del Mediterráneo.

Ante la falta de personal de campo de la Secretaría de Cultura en Puerto Vallarta —debido a que sus operaciones están centralizadas en Guadalajara—, el Observatorio Ciudadano se encuentra trabajando en oficios legales para solicitar formalmente la actualización del inventario.

La asociación civil, que cuenta con un comité técnico integrado por académicos, investigadores del Sistema Nacional de Investigadores e historiadores, ha ofrecido su apoyo para facilitar y complementar la información necesaria.

Actualmente, existe un listado de 40 fincas que se supone están protegidas por mérito propio, pero Morán Guillén advierte que este catálogo también requiere actualización urgente, ya que algunas de esas propiedades ya han sido demolidas, mientras que otras de gran importancia ni siquiera están incluidas. El arquitecto concluyó que la protección de la ley debe abarcar todo el tejido histórico del polígono, lo cual incluye no solo las casas, sino también el espacio público, los empedrados, banquetas, plazas y quioscos.