En abril pasado, un juez municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta expidió la primera orden de protección para una mujer que temía por su integridad. Cinco meses después solo se han expedido dos más, tres en total, lo que se atribuye a falta de difusión de esta nueva herramienta que ahora puede proporcionar el municipio desde este año.

Y es que la implementación de las órdenes de protección era un requisito para que la ciudad pudiera acceder a recursos del programa “Estrategia ALE” del Gobierno de Jalisco, que tiene por objetivo que los municipios realicen acciones para disminuir la violencia hacia las mujeres. Puerto Vallarta recibió 703 mil 005 pesos este año, recursos que ejerce el Instituto Municipal de la Mujer.

Para que sea otorgada una orden de protección, la persona primero debe ir al Instituto Municipal de la Mujer, quien será entrevistada por una psicóloga, una abogada y una trabajadora social, quienes realizarán un dictamen de factor de riesgo.

Cuando se determina el riesgo que tiene la persona, se hace una solicitud a la Coordinación de Jueces Municipales para la expedición de la orden de protección. Una vez firmado el documento se le puede apoyar a la mujer a retirar sus pertenencias del domicilio, se le puede llevar con su red de apoyo o inclusive proveerle un lugar seguro mientras se resuelve la situación. Todo ello además de la supervisión regular de la Policía Municipal para garantizar que el agresor no se le acerque.

A diferencia de las medidas cautelares que expide la Fiscalía de Jalisco, el municipio no obliga a la víctima a presentar una denuncia, pero el Ayuntamiento sí está obligado a hacer del conocimiento de la Fiscalía sobre las órdenes de protección expedidas.

Estas órdenes de protección a mujeres que son violentadas las autorizan los jueces municipales por 60 días naturales con la posibilidad de extenderlas por 30 días más.

Cabe comentar que antes de implementarse esta herramienta, los funcionarios fueron capacitados por personal del Ayuntamiento de Tomatlán, quienes tienen años con esta medida, debido a que es difícil para las mujeres de dicho municipio trasladarse a Puerto Vallarta para poner una denuncia por violencia intrafamiliar.