El regidor Víctor Manuel Bernal Vargas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Reglamentos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, emitió un posicionamiento público luego de las acusaciones presentadas por la regidora Melissa Madero, quien lo denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

A través de una publicación dirigida a la opinión pública y a los ciudadanos de Puerto Vallarta, Bernal Vargas sostuvo que el trabajo legislativo dentro del Cabildo se realiza conforme a los procedimientos establecidos y que las iniciativas se analizan de manera colegiada.

El edil señaló que las decisiones al interior de las comisiones no dependen de un solo regidor, sino del voto y las observaciones de todos sus integrantes, por lo que consideró que las diferencias de opinión forman parte del ejercicio democrático.

“Es imprescindible recordar que las decisiones dentro de las comisiones no dependen de la voluntad de un solo regidor (…) la diferencia de opiniones no es violencia; es la obligación de entregar resultados sólidos y reglamentos viables para nuestro municipio”, expresó.

En su posicionamiento también rechazó tener participación en decisiones administrativas relacionadas con personal dentro del Ayuntamiento, luego de que la regidora denunciara la baja de sus colaboradores.

“Quiero ser claro: no tengo injerencia en la contratación del mismo, y las decisiones sobre estos temas son responsabilidad de otros ámbitos del Ayuntamiento”, afirmó.

Bernal Vargas aseguró además mantener respeto hacia el trabajo de la regidora y reiteró que el debate político debe abordarse con seriedad y respeto, al tiempo que reafirmó su compromiso de trabajar por el bienestar del municipio.

La declaración ocurre después de que Melissa Madero presentara una denuncia ante el órgano electoral de Jalisco contra el presidente municipal Luis Ernesto Munguía González y el propio Bernal Vargas, a quienes acusa de encabezar un bloqueo sistemático para impedirle ejercer plenamente su cargo como regidora.

En su denuncia, Madero sostiene que existe una estrategia institucional para aislarla dentro del Ayuntamiento, señalando la paralización de sus iniciativas, la exclusión de actividades oficiales y la baja de su equipo de trabajo, lo que —afirma— ha dejado a su regiduría sin personal técnico ni legal para operar.

El caso podría escalar a instancias electorales si el Instituto Electoral determina que existen elementos para acreditar violencia política de género contra la edil, lo que eventualmente podría derivar en sanciones para los funcionarios señalados.