Hoy viernes fue vinculado a proceso José Manuel «N», a quien también se le dictó un año de prisión preventiva por homicidio culposo agravado por la muerte de Irak Israel García Gil, quien falleció tras ser embestido mientras circulaba en su moto el pasado 16 de agosto.

El juez Luis Daniel Canales González también ordenó al Ministerio Público que diera vista a la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco para que se investigue a todos los servidores públicos que estuvieron en el lugar de los hechos y se determinará si ayudaron a huir o no a José Manuel «N», pues elementos de Protección Civil quitaron la moto que quedó debajo del Jeep que manejaba, por lo que lo habría aprovechado para darse a la fuga.

También calificó de negligente a la actuación de la Fiscalía Regional después de regresar el Jeep asegurado a la empresa dueña del automotor, pues señaló solo se puede devolver hasta que sea pagada la reparación del daño.

La audiencia fue programada a las 9 de la mañana de hoy viernes 20 de febrero, después de seis meses que la familia pedía justicia. Fue hasta principios de febrero cuando la Fiscalía judicializó la carpeta y pidió la audiencia. El caso es casi idéntico al de Clarisa.

Los hechos acontecieron el 16 de agosto del 2025. Irak Israel se levantó, se preparó y salió de su casa para ir a trabajar, pues ese día le tocaba doblar turno y entraba a las 6 am a Carnes Selectas, donde laboraba como vitrinero. Además era estudiante de quinto semestre del Cobaej.

Circulaba por la avenida México a la altura de Las Mojoneras, cuando casi llegando a su trabajo, su moto vento crossmar 300 color roja fue impactada por un Jeep que iba en sentido contrario.

Irak quedó tirado sobre el piso. En una declaración de una testigo hablaba de una escena dantesca en la que se veía claramente su cadera quebrada, sus piernas igual y hasta le faltaba un dedo.

Mientras escuchaban los más de 30 datos de prueba que presentó el Ministerio Público Pedro Córdova los padres de Irak, María Araceli Gil y Humberto García no dejaron de llorar.

Uno de los datos de prueba fue una declaración a la Fiscalía que hace el dueño del desarrollo Cabo Real Luxury, Iván Silva Álvarez, donde trabajaba José Manuel «N», que el día del accidente llegó su empleado alrededor de las 5 pm y le confesó que había tenido un percance vial donde había fallecido una persona. Que se fue del lugar después que llegó la ambulancia, que espero a tránsito y a la policía pero que no llegaron.

En otra declaración, ahora del hermano del dueño del desarrollo, pero propietario del Jeep, Max Silva, este dijo que la camioneta tenía GPS, que según sus coordenadas mostraba que a la 1 am de la madrugada del 16 de agosto el Jeep salió del desarrollo con base en Las Juntas y Los Veranos, llega a las 3am a Lomas del Coapinole, después se detiene en avenida Politécnico Navional colonia Agua Zarca, en las inmediaciones de la conocida «zona de tolerancia», regresa a Lomas del Coapinole después de las 5am y cuando llega a Las Mojoneras, en un punto se queda 7 minutos y después se retira a las 6:12 am.

José Manuel «N» fue entrevistado por la Fiscalía al siguiente día del accidente, el 17 de agosto, con presencia de un defensor de oficio. El Jeep fue asegurado hasta el 21 de agosto. Se encontraba afuera de su casa en Ixtapa.

En otro dato de prueba y declaración de Bryant González, trabajador del desarrollo Cabo Real Luxury, comenta que ese día terminó su turno y José Manuel «N» le dio raite a su casa. Que cuando llegaron a Puerto Vallarta decidieron ir al una tienda de conveniencia 2box donde venden alcohol y después fueron a recoger un dinero por la zona de tolerancia con una persona que estaba dentro de un bar y de ahí lo llevó a su casa después de las 5am. Al siguiente día pasó por él pero en una camioneta Ram, también de la empresa.

El dictamen de alcoholemia de José Manuel «N» se realizó hasta tres meses después el 01 de noviembre, resultando negativo, al igual que el toxicológico. El juez señaló que no era posible que al siguiente día del accidente el imputado estuvo en Fiscalía y no se le hayan realizado los exámenes ese día, lo que calificó también de negligente.

Otro error fue el que el examen de alcoholemia del Instituto Jalisciense de Ciencias forenses tenía fecha del 01 de noviembre del 2024, lo cual es un error grave al tratarse de un documento oficial que es parte de un proceso judicial.

El asesor jurídico de la familia José de Jesús Estrada pidió al juez que pusiera como agravante el estado de ebriedad tomando en cuenta las declaraciones del otro trabajador de la empresa Cabo Real de nombre Bryant y otro testigo de nombre Guillermo. El primero había declarado la compra de bebidas alcohólicas y el segundo que vió al imputado al momento del accidente en estado de ebriedad.

No obstante, el juez Canales indicó que la agravante solo puede pedirla el Ministerio Público, además que para considerarse como tal, debía probarse que el imputado tenía más de 150 miligramos de alcohol sobre 100 mililitros de alcohol en la sangre, lo cual no podía comprobarse al no haber exámenes.

Por otro lado, el abogado defensor de José Manuel «N», Antonio Arteaga Torres, inició su posicionamiento señalando que su representado estaba consciente de la imprudencia que había cometido y por la que Irak Israel había perdido la vida.

Que no estaba de acuerdo en que se pretendiera poner como agravante el estado de ebriedad sin pruebas que lo respaldaran, que José Manuel fue al día siguiente de los hechos a la Fiscalía y regreso también el 08 de diciembre para continuar el proceso. Recalcó que piden que el proceso se siga por métodos alternos al ser un delito culposo y se pague la reparación del daño.

Tras escuchar ambos lados, el juez lo vinculó a proceso y aunque no pudo tomar como agravante el estado de ebriedad, solo el conducir en sentido contrario, dijo que iba a juzgar de acuerdo al protocolo de perspectiva de adolescente, pues Irak Israel solo tenía 17 años, por lo que tomó como agravante el negarse a hacerse el examen de alcoholemia, luego que José Manuel se fue del lugar del accidente.

Para las medidas cautelares la defensa puso sobre la mesa varias propuestas con tal de que el imputado llevará el proceso en libertad como el entregar una garantía de 300 mil pesos, no salir de la región ni del país, no ingerir bebida alcohólicas ni manejar automotores, pero aún así se le dictó prisión preventiva por haberse «fugado» y haber obstaculizado la investigación.

José Manuel se enfrenta a una pena entre los 4 a 10 años de prisión. La familia no quiere un acuerdo.

El juez le dijo que tiene tres caminos: un acuerdo reparatorio, donde tiene que estar de acuerdo la familia, procedimiento abreviado o un juicio oral.

Se dieron 4 meses para la investigación complementaria por parte de la Fiscalía, pues faltan exámenes psicológicos de los padres, más dictámenes y entrevistar a más testigos.

Fue en este punto cuando el juez ordenó al MP el que diera parte a la Fiscalía Anticorrupción para investigar si hubo participación de elementos públicos para que el imputado pudiera huir y también exigió que se volviera asegurar el Jeep hasta que se pagará la reparación del daño.

La mamá de Irak Israel exigió que se investigará a quienes iban a bordo de la unidad PC-17 de Protección Civil de Puerto Vallarta por presuntamente ayudar al imputado a quitar la moto prensada debajo del Jeep para poder irse.

Además la mochila de su hijo fue encontrada cerca de donde estaba el Jeep en Ixtapa, donde pudieron encontrar sus pertenencias por la ubicación del celular. La familia señala que el imputado se habría llevado la mochila.

También remarcó que hubo personas en el lugar del accidente que le gritaron a la policía y demás elementos que no dejarán ir al imputado pero que hicieron caso omiso y sobre todo que una fiscal de nombre Yaret, de la Fiscalía Regional le dijo al siguiente de los hechos que no había delito que perseguir, que no se sabía nada de ese accidente.

El proceso continuará. José Manuel se quedó recluido en el penal de Ixtapa en prisión preventiva por un año.

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