La diputada Yussara Canales González presentó una iniciativa que busca poner fin al uso discrecional y personal de vehículos oficiales en dependencias estatales y municipales.

La iniciativa crearía una ley estatal que establecería una norma homogénea para todos los poderes del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos.

La iniciativa contempla medidas como:

• Bitácoras obligatorias para cada vehículo.

• Identificación visible con logotipo, número económico y teléfono para denuncias.

• Prohibición expresa de uso personal o fuera del horario laboral sin comisión.

• Responsabilidad directa de los servidores públicos por daños o negligencia.

• Supervisión permanente de órganos internos de control.

• Sanciones administrativas y penales ante el uso indebido.

“La ley no implica gastos adicionales ni creación de nuevas plazas, busca fortalecer la transparencia, la austeridad y la confianza ciudadana, armonizando los criterios entre los tres poderes y los municipios», dijo la legisladora.

Canales expuso que Jalisco enfrenta actualmente un desorden normativo que permite que cada dependencia y municipio establezca sus propios criterios sobre el uso de vehículos oficiales, lo que ha generado prácticas que van desde el uso personal de unidades hasta la falta de identificación y de controles básicos.

Entre las irregularidades más comunes se encuentran: vehículos usados como particulares, unidades sin rótulos ni número económico, ausencia de bitácoras y registros de combustible, uso fuera de horario laboral sin justificación, supervisión mínima del gasto vehicular y falta de sanciones efectivas.

Esta situación ha generado una percepción pública de privilegio e impunidad, alimentada por denuncias vecinales y registros en medios que exhiben el uso indebido de vehículos oficiales.

Entidades como Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Querétaro y Guanajuato cuentan desde hace años con leyes específicas que controlan estos vehículos mediante bitácoras, transparencia y sanciones estrictas.

La iniciativa fue turnada a comisiones y podría convertirse en una reforma relevante en materia de transparencia, austeridad y control del gasto público.