La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en su escritorio desde hace un par de años el caso de Punta Paraíso de San Pancho, desarrollo por el que el activista ambiental Erik Saracho cuenta con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y quien sufriera un atentado ayer. La demolición ordenada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sigue empantanada.

Hay dos procesos legales entorno al desarrollo Punta Paraíso, uno es el que está en manos de la Suprema Corte, después que en 2023 la Profepa resolvió que se tenían que restituir los terrenos ganados al mar y se debía demoler 1,500 metros de lo construído. Otro es la demanda que interpuso el desarrollador Carlos Lemus contra cinco activistas que denunciaron que el proyecto más otra persona que no conocen y se presume se utilizó como truco legal para interponer el recurso en Jalisco.

La licencia de construcción se otorgó en la administración de José Gómez Pérez para edificar 44 unidades frente a la playa. El desarrollo está completamente terminado y lo que le atribuyen es que habría destruido un área de anidación de tortugas y otras especies.

Fue en 2019 cuando Lemus demandó a los activistas, entre ellos Saracho, por presuntos daños morales y patrimoniales por 6 millones de pesos. A raíz de esto les congelaron las cuentas bancarias, les impidieron hablar sobre el caso, y todos entraron al mecanismo de protección para defensores de los derechos humanos y periodistas. Hasta el momento no se ha dictado sentencia.

Al preguntarle al alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana sobre el tema, el director de Desarrollo Urbano Municipal, Julio Santoyo Martínez, sólo indicó que existía una controversia federal con un amparo entre los ambientalistas y el desarrollador y que el municipio no estaba involucrado.

El mismo Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, aplaudió la resolución de Profepa y comentó “En cuanto tenga yo la dictaminación voy a tirar ese hotel.”

Por otro lado, Carlos Lemus siempre ha asegurado que el proyecto se construyó de manera legal.