La regidora Melissa Madero Plascencia presentó este 29 de mayo ante el Congreso del Estado de Jalisco una solicitud formal de juicio político contra el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, al señalar presuntas violaciones graves a las obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

La denuncia fue presentada ante el Congreso de Jalisco y se sustenta en señalamientos relacionados con la falta de información financiera del Ayuntamiento, la ausencia de cuentas públicas detalladas ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y la falta de respuesta a ocho requerimientos oficiales realizados por la regidora desde enero de este año.

De acuerdo con la documentación presentada, el gobierno municipal habría omitido entregar información fundamental sobre el ejercicio del gasto público, incluyendo estados analíticos del presupuesto, la relación de proveedores y contratistas, la situación de la deuda pública municipal, pasivos, pagos pendientes y otros indicadores financieros indispensables para la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos.

Madero sostiene además que, de acuerdo con los registros de la ASEJ, Puerto Vallarta aparece con cero cuentas públicas detalladas entregadas durante el ejercicio fiscal 2025, situación que considera particularmente grave para uno de los municipios con mayor presupuesto y relevancia económica del estado.

Como parte de la solicitud presentada, la regidora pidió al Congreso analizar la procedencia del juicio político y determinar si existen elementos suficientes para imponer las sanciones previstas por la legislación estatal, incluyendo la destitución e inhabilitación del servidor público denunciado, Luis Ernesto Munguía González.

Sin embargo, la legisladora municipal advirtió que esta acción representa únicamente el inicio de una serie de procedimientos que serán presentados ante diversas autoridades.

“Esta solicitud de juicio político es apenas el primer paso. Estamos integrando nuevos expedientes, denuncias y procedimientos relacionados con presuntas irregularidades que deben ser investigadas por las autoridades competentes”, señaló.

Informó que actualmente trabaja con instancias estatales y federales en la recopilación de información relacionada con posibles actos de corrupción, presuntas irregularidades administrativas, posibles desvíos de recursos públicos, conflictos de interés y otras conductas que podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales.

Las investigaciones, explicó, involucran información relacionada con el presidente municipal, funcionarios públicos de distintos niveles, regidores, organismos descentralizados y diversas dependencias municipales, incluyendo áreas como las gerencias del Ayuntamiento, asesores, Comunicación Social, el DIF Municipal, COMUDE, Cultura y otras entidades responsables de la administración de recursos públicos.

“Estamos encontrando documentos, datos e indicios que ameritan una revisión profunda. Hay temas relacionados con opacidad, posibles irregularidades patrimoniales, manejo de recursos públicos y situaciones que deben ser aclaradas ante la ciudadanía. Será la autoridad quien determine las responsabilidades correspondientes, pero nadie puede pedirnos que guardemos silencio cuando existen tantas preguntas sin respuesta”, afirmó.

La regidora sostuvo que los vallartenses tienen derecho a conocer el destino de cada peso del presupuesto municipal y advirtió que continuará utilizando todas las herramientas legales e institucionales disponibles para exigir transparencia.

“Estamos hablando de más de 3 mil 291 millones de pesos. El dinero público no pertenece a los gobiernos; pertenece a la gente. Y cuando un gobierno se niega a rendir cuentas, la obligación de quienes representamos a la ciudadanía es exigir respuestas”, declaró.

Finalmente, hizo un llamado a servidores públicos, ciudadanos y personas que cuenten con información relevante para hacerla llegar y contribuir a las labores de investigación que se están desarrollando en coordinación con las autoridades correspondientes.

Será el Congreso del Estado de Jalisco el encargado de revisar esta primera denuncia, analizar las pruebas aportadas y determinar la procedencia del procedimiento solicitado.