El diputado local Leonardo Almaguer Castañeda, del Partido del Trabajo (PT), enfrentó en los últimos días una fuerte polémica pública tras revelarse que en 2004 fue detenido y posteriormente estuvo en prisión por delitos de robo calificado y delincuencia organizada relacionados con asaltos a camiones repartidores de cerveza, hechos por los cuales cumplió una pena de aproximadamente dos años y medio en el reclusorio de Puente Grande, en Jalisco.

De acuerdo con documentos oficiales y medios locales, Almaguer fue vinculado a proceso por estos delitos y en febrero de 2007 obtuvo la suspensión condicional del proceso tras pagar una cantidad económica, lo que permitió la terminación de la sanción correspondiente.

Ante el surgimiento de esta información, el legislador ofreció una rueda de prensa en el Congreso del Estado donde reconoció su pasado penal y calificó ese episodio como un “error de juventud” del que dijo haber aprendido y del cual se ha “recompuesto para servir a la ciudadanía”.

Almaguer ha señalado que la difusión de su expediente se da en un contexto de confrontación política, y ha acusado a actores del gobierno estatal de intentar usar el tema como una “cortina de humo” para desviar la atención de asuntos como el aumento en la tarifa del transporte público o temas sociales que él ha impulsado.

Respecto a su candidatura, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco ha defendido la validez del registro de Almaguer como candidato en el proceso electoral previo, al argumentar que no existe impedimento legal en la normatividad vigente que prohíba la postulación de una persona que ya cumplió una sanción penal por delitos como los que se le atribuyeron, siempre y cuando se cumplieran los requisitos constitucionales y electorales establecidos para aspirar a un cargo de elección popular.

Este punto ha destacado las lagunas en la legislación electoral actual, que no contempla una prohibición expresa de candidaturas para quienes tienen antecedentes penales por delitos distintos a los que legislativamente sí están descalificados.

Ante la controversia, Almaguer ha confirmado que no solicitará licencia a su cargo como diputado en el Congreso de Jalisco ni renunciará a su curul. El legislador ha insistido en que no existe obligación legal para realizar tales acciones y ha reiterado su compromiso de continuar con su labor legislativa en favor de quienes lo eligieron.

Asimismo, ha rechazado solicitudes de otros legisladores para que comparezca ante el Pleno por estos hechos, alegando que la ley no lo obliga a hacerlo y que su rendición de cuentas es diaria ante sus electores.