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Pide Tribunal de Arbitraje y Escalafón Estatal suspensión de 20 alcaldes; solo es parte de un trámite 
Puerto Vallarta

Pide Tribunal de Arbitraje y Escalafón Estatal suspensión de 20 alcaldes; solo es parte de un trámite 

Pide Tribunal de Arbitraje y Escalafón Estatal suspensión de 20 alcaldes; solo es parte de un trámite 

Pide Tribunal de Arbitraje y Escalafón Estatal suspensión de 20 alcaldes; solo es parte de un trámite

El que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco notifique al Congreso del Estado el suspender por 15 días sin goce de sueldo al alcalde de Puerto Vallarta,es solo parte de un procedimiento que generalmente la Comisión de Gobernación resuelve como improcedente. Al igual que Luis Munguía, el tribunal pidió la destitución de otros 19 presidentes municipales.

 

En la sesión ordinaria del Congreso de Jalisco del pasado 11 de septiembre, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón estatal notificó al legislativo sobre 63 laudos que no han pagado 20 municipios, por lo que solicitan la suspensión sin goce de sueldo de los alcaldes, síndicos y regidores, como marca el procedimiento.

 

Esta vez, de los 63 juicios laborales, 4 son de Puerto Vallarta, pero también hay 21 de Guadalajara, 6 de Zapopan, 4 de Tala, 3 en Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, 2 en Lagos de Moreno, El Salto, Colotlán, Tototlán, Unión de San Antonio y Cuautitlán de García Barragán. La Huerta, Ocotlán, Amatitán, San Cristóbal, Tamazula de Gordiano, Sayula y Hostotipaquillo tienen un laudo cada uno.

 

El mismo día, la Comisión de Gobernación del Congreso presentó 4 acuerdos legislativos para declarar no procedente la suspensión de los alcaldes de Villa Purificación, San Martín de Bolaños y Etzatlán por este tipo de asuntos.

 

En el caso de Puerto Vallarta, se específica que los laudos se trata de los expedientes 958/2009-E1-PS, el 140/2010-D1-PDT, el 2461/2010-B1-PSR y el 2887/2010-PDT.

 

El procedimiento que hace el Tribunal ante el Congreso es una medida de presión para obligar a los municipios a pagar los laudos, por lo que para evitar su suspensión, los Ayuntamientos llegan a acuerdos con los exservidores públicos y al final se termina declarando la suspensión por 15 días improcedente.