Rafael “N” y Lucio “N” fueron vinculados a proceso la mañana de este jueves por delitos de corrupción, quienes fungieron como Oficiales Mayores Administrativos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta durante el trienio de Luis Michel y Pepe Martínez.

A ambos se les acusa de presuntamente haber cometido los delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, además que a Lucio “N” también se le imputa peculado.

La continuación de la audiencia inicial empezó a las 10 am de hoy jueves en el Juzgado de Control y Oralidad de Puerto Vallarta, la cual fue presidida por el juez Luis Daniel Canales González.

El caso es en relación a una abogada del Ayuntamiento de Puerto Vallarta de nombre Galilea Guadalupe “N”, quien fue vinculada a proceso hace una semana, debido a que no contaba con cédula profesional para ejercer el cargo para el que fue contratada en la pasada administración, además que faltaba en repetidas ocasiones y se le pagaron vacaciones antes que le correspondiera.

La defensora de oficio Blanca Estela Mendoza Rentería presentó nuevos datos de prueba en cuanto a su representado Lucio “N”, que consistieron en varios oficios relativos al funcionamiento de la Oficialía Mayor Administrativa Municipal.

Retomando dichos datos, el mismo Lucio “N” tomó la palabra para señalar que el abuso de autoridad del que se le acusa es por aprobar el nombramiento de Galilea sin que ella tuviera cédula profesional, a lo cual indicó que quien la contrató fue su antecesor Rafael “N” en febrero del 2024 y que cuando renovó su nombramiento era el Jefe de Relaciones Laborales el encargado de revisarlos.

Sobre el peculado, por haberle pagado a Galilea su sueldo íntegro sin descuentos, Lucio “N” comentó que era responsabilidad de la entonces titular de Proveeduría Rosalba Paola Torres Medina la responsabilidad de reportar faltas y retardos.

En cuanto al uso ilícito de atribuciones y facultades por pagarle vacaciones y sus primas a solo un mes de haber sido contratada y por ende, no tener derecho a ello, expuso que el entró a laborar el 03 de marzo y el periodo que se pagó de vacaciones fue del 01 al 15 de marzo, por lo que refirió que tuvo que ser Rafael “N” el que autorizó, además que el jefe de nóminas no le pasaba los recibos de nómina.

Recalcó que en su caso los cheques de nómina estaban firmados por el exalcalde interino Pepe Martínez, el extesorero Manuel Palafox y el jefe de egresos José Manuel Virgen.

A pesar de sus manifestaciones, el juez le reviró que era su obligación el verificar toda la nómina del Ayuntamiento porque volvió a otorgar un nombramiento ilícito, “es un desafío al estado y todavía la desfachatez que la recontrataron en esta administración municipal”.

Sobre las faltas y retardos le dije que primero comentó que no tenía conocimiento de ellas y después que sí estuvo enterado de los incidentes, “pero nunca dijeron cuando se justificaron”.

Sobre el pago de la prima vacacional le indicó que si bien no autorizó las vacaciones, si las pagó cuando ya era Oficial Mayor y por todo ello lo vinculó a proceso.

Por otra parte, el abogado de Rafael “N” no manifestó nada ni el mismo acusado quiso hacer uso de la palabra.

Su vinculación a proceso se basa en los 40 datos de prueba que presentó la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco. El abuso de autoridad es por haber contratado en el cargo de abogado en el departamento de Proveeduría a Galilea “N” sin que tuviera aún cédula profesional. El mismo rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Téllez, dio la información a la Fiscalía, en la que ratifica que era estudiante de derecho.

Del uso ilícito de atribuciones y facultades se le acusa por autorizar el pago de la quincena de una persona que no cumplió los requisitos de ley para ser contratada.

Y es que hubo testigos, que eran abogados en la misma dependencia, quienes declararon que a ellos si les exigieron dicho requisito. Y por lo anterior, Rafael “N” fue vinculado a proceso.

La agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, Brenda Janeth Ruiz Arias, solicitó como medidas cautelares el que acudan a firmar una vez al mes, no salir del país, no acercarse a los testigos del caso y que en un periodo de seis meses no pueden ser contratados como servidores públicos de ningún nivel de gobierno.

El juez concedió todas las medidas cautelares anteriores y concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. En ese punto, el juez le ordenó a la Ministerio Público que si la Secretaria General del Ayuntamiento no brindaba la información que requiriera en tiempo y forma, procediera conforme la ley.