El Congreso del Estado emitió la convocatoria pública para elegir a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cargo clave dentro del Sistema Estatal Anticorrupción y actualmente vacante tras la conclusión del periodo anterior.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar profesionistas con experiencia en derecho penal, administración pública, fiscalización o áreas relacionadas con el combate a la corrupción, quienes deberán acreditar, entre otros requisitos, tener al menos 35 años cumplidos, contar con título profesional y comprobar buena reputación y trayectoria ética.

Los perfiles interesados deberán presentar su documentación en los plazos establecidos por la Comisión de Justicia del Congreso, que será la encargada de revisar expedientes, realizar entrevistas públicas y emitir el dictamen que enviará al Pleno para su votación.

El proceso, según informó el Poder Legislativo, busca garantizar transparencia, apertura y participación ciudadana, por lo que todas las etapas serán transmitidas y publicadas en los canales oficiales.

El nuevo Fiscal Anticorrupción será designado para un periodo de cinco años y tendrá la responsabilidad de dirigir las investigaciones de delitos relacionados con corrupción cometidos por servidores públicos, así como coordinarse con instancias del Sistema Anticorrupción.

Organizaciones civiles han pedido al Congreso garantizar que el proceso no se politice y que se seleccione a alguien con independencia real, capacidad técnica y trayectoria en procuración de justicia.

Calendario de etapas del proceso de elección de Fiscal Anticorrupción

1. Registro de aspirantes:

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud y documentación para participar del 10 al 12 de diciembre de 2025.

2. Remisión al Comité de Participación Social (CPS):

El Congreso enviará la lista de aspirantes registrados al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción el 12 de diciembre de 2025.

3. Dictamen del CPS:

El 13 de enero de 2026 el CPS debe emitir un dictamen con las personas que cumplen los requisitos para el cargo.

4. Terna enviada al Congreso:

El 14 de enero de 2026, el gobernador del estado recibe el dictamen y remite la terna de candidatos al Congreso.

5. Entrevistas de aspirantes:

Los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso realizarán entrevistas a la terna de aspirantes el 16 de enero de 2026.

6. Elección por parte del Congreso:

La elección del nuevo Fiscal Anticorrupción debe concretarse a más tardar el 20 de enero de 2026, con votación calificada de 26 de los 38 legisladores.

7. Inicio de funciones:

El titular designado asumirá el cargo el 15 de febrero de 2026.

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, señaló que en lo que va del 2025 se han abierto 1,205 carpetas de investigación.

Desde 2018 a la fecha, la institución ha logrado la judicializaron de 559 carpetas de investigación, es decir de expedientes en los cuales el Ministerio Público concluyó las investigaciones iniciales y las envió a un juez en espera de audiencia para poder presentar imputación en contra de las personas que considera responsables.

Derivado de lo anterior, 415 servidores públicos han sido vinculados a proceso por actos de corrupción.

Entre los casos relevantes de 2025 mencionó la vinculación a proceso del secretario de un juzgado y la suspensión de un juez, que actualmente está prófugo, por alteración de actuaciones en perjuicio de una de las partes en un juicio por pensión alimentaria.

Resaltó también la aprehensión una exregidora de Puerto Vallarta por peculado, por contratar “aviadores”, a su yerno y a su sobrino, quienes también fueron presentados mediante orden de aprehensión ante el juez.

El Fiscal Especializado destacó la vinculación de un líder sindical de Pensiones del Estado, quien devolvió 350 mil pesos recibidos indebidamente y quien también estuvo en prisión preventiva.

De igual forma subrayó la vinculación de una exservidora pública de Tlaquepaque que fue inhabilitada 27 años para ejercer cargos públicos, así como de un profesor de un instituto tecnológico que fue inhabilitado por cobrar mordidas para aprobar a los alumnos.

Desde 2019, la Fiscalía ha recuperado más de 24 millones de pesos derivados de reparaciones del daño obtenidas en procesos penales, además de 5.6 millones de pesos adicionales de forma extrajudicial.