La regidora Melissa Madero acusa al Ayuntamiento de Puerto Vallarta y a la Comisaría de Seguridad Pública de negarle el dispositivo de protección “Pulso de Vida”, pese a existir un proceso penal activo y oficios emitidos por instancias estatales.
Lo anterior derivó en una denuncia formal por violaciones a derechos humanos presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). La regidora considera que la omisión institucional mantiene en riesgo inminente su integridad, al ser una víctima de violencia.
La queja señala directamente al Presidente Municipal, Luis Ernesto, y a la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta como autoridades responsables de ignorar de manera sistemática solicitudes formales, oficios oficiales y advertencias expresas sobre la urgencia del caso, pese a contar con pleno conocimiento del contexto de riesgo.
Desde agosto de 2025, tras la vinculación a proceso del agresor Alonso «N» (empleado munipal) por delitos de acoso, la víctima solicitó formalmente el dispositivo “Pulso de Vida” ante el Centro de Justicia para las Mujeres. La petición fue reiterada en noviembre del mismo año, sin que se concretara la entrega, a pesar de que las medidas cautelares vigentes resultaron insuficientes para frenar el hostigamiento.
La omisión se agravó cuando, el 5 de febrero de 2026, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco emitió un oficio urgente por tercera ocasión, instruyendo al Ayuntamiento y a la Comisaría a asignar de inmediato el dispositivo de protección. Un día después, la afectada presentó nuevamente los oficios de manera física en las oficinas municipales para reforzar la solicitud; la autoridad acusó recibo, pero volvió a incumplir.
De acuerdo con la edil, esta falta de acción no constituye un retraso administrativo menor, sino una omisión institucional grave que vulnera derechos fundamentales, al impedir la materialización de una medida de protección tecnológica diseñada precisamente para prevenir agresiones de consecuencias irreparables.
El escrito sostiene que el Ayuntamiento incurre en falta de debida diligencia reforzada, al dilatar injustificadamente la implementación de una medida urgente en un contexto de violencia contra una mujer, contraviniendo obligaciones constitucionales, legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
La regidora Melissa Madero solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la emisión de una medida cautelar inmediata, ordenando a las autoridades municipales la entrega, activación y capacitación del dispositivo “Pulso de Vida” en un plazo no mayor a 12 horas, así como la presentación de un informe que explique por qué se ignoraron reiteradamente las solicitudes realizadas desde agosto de 2025.









